Con gran éxito de público, la asociación Egara Civitas organizó el día 26 de febrero de 2011, en la Biblioteca Central de Terrassa, un coloquio bajo el título: Retos de la Inmigración en el s.XXI. Este coloquio fue moderado por Francisco Javier González, candidato de C´s a a la alcaldía de Terrassa y contó con la presencia de Hugo Colacho, Presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés; una Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía; Francesc Martínez, Consultor; Edmundo Sepa, Sociólogo; y Jordi Cañas, Parlamentario de C´s.
El coloquio arrancó con varias reflexiones en torno a las causas de la inmigración a cargo de Hugo Colacha. Este, protestó por la existencia de un marco legislativo que se concreta en la Directiva Europea de Retorno o la Ley de Inmigración yque discrimina a los inmigrantes olvidando la contribución notable de este colectivo al crecimiento económico y al rejuvenecimiento de la población.
Francesc Martínez insistió en la gravedad de la crisis no sólo económica, sino sistémica que estamos viviendo. Esta situación se manifiesta con especial gravedad en la ejecución de hipotecas sobre viviendas. El aumento del desempleo ha provocado que muchos inmigrados que en su día contrataron hipotecas para comprar pisos, ahora, tras haber perdido su puesto de trabajo, se encuentren con que no pueden pagarlos. Esta situación es sobre todo responsabilidad de la ligereza con que bancos y cajas concedieron créditos. Para hacer frente a ella Martínez proponía varias alternativas: la dación en pago, los aplazamientos de pagos o el establecimiento de períodos de carencia.
La inspector del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Brigada de Extranjería, subrayó las mejoras que se han llevado a cabo en la aplicación de la Ley de Extranjería y que se concretan en:
Un marco más garantista que permite recurrir a la vía contenciosa para evitar los trámites de expulsión.
Las garantías prestadas a las víctimas de violencia de género que paraliza los trámites de expulsión.
La protección especial que se presta a las víctimas de las redes de tráfico de personas. Aquí hubo un inciso para poner de relieve la estremecedora situación a que se ven sujetas estas personas procedentes, por lo general, del Africa Subsahariana, engañadas en origen, explotadas y amenazadas en destino.
Hubo también tiempo para comentar la picaresca que se teje en torno a los matrimonios amañados para conseguir nacionalidad; los empadronamientos por conveniencia que provocan la aparición de pisos patera; o, más grave, la contratación por parte de empresas de trabajadores ilegales, sin darlos de alta de la Seguridad Social.
Edmundo Sepa, sociólogo adscrito a la Fundación Paulino Torras Domenec, guineano de origen y español de adopción, nos habló de los retos a la convivencia que plantean los inmigrados. Primeramente señalando la existencia de un abanico amplio de inmigrados con circunstancias muy distintas (víctimas de la trata de personas, inmigrados laborales, inmigración familiar, refugiados políticos, refugiados de guerra…); de ahí, señaló, la imposibilidad de regular por igual todas estas situaciones.
Sepa hizo hincapié también en la necesidad de una doble adaptación: la de los inmigrados a los países de destino, pero también la de los autóctonos a los inmigrados, dado que esta situación es simplemente irreversible. En este sentido Sepa indició la dificultad de los inmigrados que jamás han conocido un sistema democrático a la hora de adaptarse a un contexto político marcado por el imperio de la ley y del derecho. Estas personas no van a querer volver a sus países de origen porque saben que allí no van a estar mejor, sino mucho peor que en Europa. Sepa, por último, señaló la necesidad de construir un nuevo discurso a partir de la diversidad.
Jordi Cañas, parlamentario de C´s, aportó el punto de vista político. Cañas indicó que el discursos sobre los derechos no deber hacernos olvidar que todos los países del mundo sin excepción regulan tránsito de personas de entrada y a veces incluso de salida. Pero más allá de esta obviedad está el hecho de cómo gestionar un sistema de prestaciones universales en un momento en que los recursos escasean. Aquí se abre un grave conflicto entre los autóctonos pobres y los inmigrados enfrentados por el acceso a unos recursos escasos. Este conflicto, señaló, no puede solucionarse dando falsas soluciones o practicando la demagogia, cuando de hecho, las soluciones no son fáciles.
Cañas señaló que en el caso de España la situación es aún más compleja dado que nuestro país había sido país de emigración, pero no país de acogida. A diferencia de Estados Unidos que tiene un relato sobre la inmigración, nosotros no lo tenemos. Y lo que es peor, el crecimiento de la población inmigrada ha sido vertiginoso.
Cañas apuntó por último un aspecto clave: aplicar la ley. La Administración deber hacer cumplir la ley a todos, sin excepción; debe aplicar procedimientos de expulsión con diligencia y no dilatar innecesariamente los trámites; debe luchar sin cuartel contra la delincuencia multirreincidente que tan gravemente daña la imagen del colectivo inmigrante; y debe hacer cumplir las ordenanzas de civismo por el bien de la convivencia de todos.
El turno de preguntas sirvió para ahondar en alguno de estos asuntos, en particular, en la necesidad de que la Administración, por el bien de los inmigrados, aplique la legislación vigente para que este colectivo no sea valorado en función de los casos más excepcionales y menos representativos.
